Mover elección no frena incertidumbre de inversionistas ni los choques con el T-MEC: Javier Martín

La formalización de la iniciativa presidencial para posponer la segunda etapa de la elección de jueces, magistrados y ministros hasta junio de 2028 configura, en el análisis de Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, un reconocimiento implícito de la inviabilidad operativa del diseño original.

Sin embargo, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM advierte que este viraje —lejos de representar una rectificación democrática o técnica de la polémica reforma judicial— es un cálculo meramente pragmático para proteger los intereses electorales del partido oficialista en las elecciones intermedias de 2027.

Al desmenuzar la iniciativa que el Congreso de la Unión prevé votar en un periodo extraordinario antes de que concluya el mes de junio de 2026. Desnuda la reforma a la reforma de Claudia Sheinbaum: un repliegue logístico que mantiene intacto el control político sobre las boletas y la coacción a los jueces.

Mover la elección a 2028 no frena la incertidumbre de los inversionistas ni los choques con el T-MEC; solo evita que el desastre logístico les contamine las gubernaturas", alerta el investigador de la UNAM.